Los controladores aéreos, a partir de las cinco de la tarde del día de hoy, 3 de noviembre de 2010, en la generalidad de los aeropuertos que AENA gestiona en todo el Estado -excepción de los que se encuentran en Andalucía- se han encontrado "indispuestos" para realizar las tareas que habitualmente desempeñan en su puesto de trabajo. Consecuencia de esta posición, se ha generado un caos imprevisto por el que se han visto afectados del orden de dos mil vuelos, que a su vez están afectando a unos doscientos cincuenta mil pasajeros.
Los problemas de "estrés laboral" que han conducido a esta situación, se generan en un colectivo, que según el presidente de AENA, cobra una media de 350.000 euros anuales.
Los problemas de "estrés laboral" que han conducido a esta situación, se generan en un colectivo, que según el presidente de AENA, cobra una media de 350.000 euros anuales.
Es una situación extraordinaria, con repercusiones hasta ahora nunca planteadas en el ordenamiento jurídico laboral, dada la trascendencia que el caos generado puede tener en todo el Estadoy en el derecho constitucional de la libre circulación de las personas. Frente a esta crisis, el Gobierno ha activado un gabinete de crisis para tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos de este acto insólito. Las medidas que parecen se pueden llevar a cabo, alcanzan incluso la posibilidad de dejar el control de la navegación aérea a los militares.
No cabe duda de que esta situación, va a trascender de un forma sustantiva en los planes legislativos de los derechos laborales de los trabajadores y se van a establecer unos precedentes, que nunca se habían dado en la sociedad española.
La actitud que han tomado los controladores, se resuelva como sea, va afectar a toda la consideración futura del respeto de los derechos ciudadanos, frente a los derecho laborales y sociales. Además puede llegar a considerarse un delito, en el que tenga que aplicarse e interpretarse el propio ordenamiento jurídico penal.
RENFE ha establecido unos viajes adicionales para facilitar, en la medida de sus posiblidades, los desplazamientos. Igualmente desde el Gobierno Balear, se han tomado medidas para habilitar traslado por barcos de los ciudadanos afectados.
Seguir los acontecimientos y las repercusiones jurídicas, legales y de convivencia, va a ser una tarea excepcional y compleja. Las consecuencias de estos acontecimientos, actuaciones de los controladores y de las instituciones públicas que el futuro nos depare, forjarán la realidad de nuestra sociedad asi como su consideración internacional.
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